El fiscal Alejandro Ríos decidió no perseverar en la investigación, lo que implica el cierre definitivo del caso sin determinarse culpables. “Tenemos un Ministerio Público que no les da el ancho para investigar a una empresa con tanto poder como la tiene la empresa Celulosa Arauco”, comentó un dirigente.
Por Elías Paillan, Observatorio ciudadano, lunes 18 de octubre de 2010
El Tribunal de Garantía de San José de la Mariquina realizó hoy una audiencia donde el fiscal adjunto del Ministerio Público, Alejandro Ríos, comunicó su decisión de no perseverar en la investigación de la contaminación del Santuario del río Cruces, que causó la muerte de los cisnes de cuello negro que le habitaban. La decisión de la Fiscalía implica el cierre definitivo de la investigación, sin que se hayan determinado culpables.
Pese a que los abogados de los querellantes opusieron a la decisión, planteando que lo correspondía era la formalización del caso, la decisión finalmente fue acogida por el tribunal.
“Vamos a evaluar con las comunidades, como con el resto de los querellantes, la posibilidad apelar a esta resolución, pero es complicado porque en la misma audiencia la magistrado dijo que no procedían recursos jurisdiccionales”, comentó el abogado de los querellantes, Cristóbal Carmona, miembro del Observatorio Ciudadano.
La Fiscalía de San José comenzó la investigación a fines de 2004, a meses de producida la muerte y migración de cientos de cisnes de cuello negro en el Río Cruces, donde se encuentra el Santuario Natural Carlos Anwandter.
El 2005 un estudio científico de la Universidad Austral de Valdivia concluyó que existía una relación directa entre los residuos líquidos de la Planta de Celulosa Arauco y el desastre ambiental, estableciendo la responsabilidad de la empresa en los hechos.
No obstante, tras seis años de investigación, la Fiscalía no formalizó a ninguna persona de esta empresa. Según aclara Carmona, porque la Fiscalía habría argumentado no tener antecedentes suficientes para determinar responsables.
Por su parte José Araya, director de Codepu y Coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, señaló que ésta era una resolución predecible, “ya que el Ministerio Público desde el principio de este caso nunca nos dio garantías de una investigación acuciosa, y más bien tuvo un cometido a favor de la empresa y no de las comunidades, que eran las víctimas.” Acotando que “tenemos un Ministerio Público que no les da el ancho para investigar a una empresa con tanto poder como la tiene la empresa Celulosa Arauco.”
Fuente: Observatorio.cl
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