miércoles, 6 de diciembre de 2017

La situación de los animales en la Comunidad Valenciana no ha cambiado con la nueva Generalitat

La autora manifiesta su decepción ante los pocos o nulos cambios que el nuevo Gobierno valenciano ha supuesto en lo referente a protección animal. El próximo jueves 30 de noviembre, esta abogada convoca a un curso en el ICAV donde se tratará la situación de los animales y las posibles soluciones y actuaciones para protregerlos. Los ponentes serán Mª José Alonso Mas (profesora de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia) y Enrique Alonso García (Consejero Permanente de Estado). 

Cachorro abandonado en una perrera valenciana.
Más de dos años después de las últimas elecciones en la Comunidad Valenciana, en la que se produjeron cambios relevantes en cuanto al signo de las fuerzas de gobierno, nos encontramos con que en lo referente a protección animal poco o nada ha cambiado. Y si lo ha hecho, salvo en asuntos puntuales, ha sido a peor.
Ante promesas de mejoras importantes en lo que a bienestar animal se refiere, nos hemos encontrado la callada por respuesta y, a lo sumo, oído frases del tipo: "es un problema heredado que no se puede solucionar", "estamos atados por la legislación actual", "no hay presupuesto", etc, etc, etc... Promesas que vuelven a caer en saco roto y donde dije digo, digo Diego. Decepcionante para aquellas personas vinculadas con la defensa de los animales que habían volcado todas las esperanzas en un mundo mejor para ellos.
En estos momentos todavía se están estudiando los cambios en la Ley de Protección Animal, tomando como base la vigente Ley 4/1994, que ya cuenta con 23 años de antigüedad (ni qué decir de las ordenanzas municipales, que en algunas poblaciones, como Valencia, son de 1990, anteriores a la propia Ley).
Esta Ley, aunque con muchísimas carencias, recogió asuntos muy interesantes, de los que queremos destacar que se dio preferencia en la gestión de recogida de animales a las "asociaciones de protección y defensa de los animales legalmente constituidas que lo soliciten" (art. 18), algo que desde la aprobación de la norma se estaba cumpliendo en ayuntamientos donde se daban las circunstancias, y que con los cambios en gobiernos municipales se ha dejado a un lado por completo.
La recogida de animales de familia es un servicio que requiere que quien lo lleve a cabo tenga una especial sensibilidad e implicación con los animales, que además ya han tenido que sufrir el horror del abandono y del maltrato. No se puede permitir que caigan en manos insensibles que vayan a hacer negocio a costa de su sufrimiento y de su vida.
Con este panorama, en la Comunidad Valenciana cada gestión de recogida de animales irremediablemente sale a concurso (por aplicación de la ley de contratación pública y del principio de libre concurrencia, sin tener en cuenta la norma específica de aplicación), en los pliegos se exigen unas condiciones leoninas para cualquier entidad proteccionista, y de esta manera queda adjudicado a estas mercantiles (perreras) que hacen negocio a costa de mantener a los animales en condiciones límite durante los 20 días que marca la ley, sin tratamientos veterinarios y con el menor gasto posible, para exterminarlos finalmente. Todo gasto es prescindible cuando el fin es su muerte.
Sirva a modo de ejemplo: tal y como señala Rosa Tormos, de SPAMA SAFOR, dos poblaciones con mayor número de habitantes tras la capital, Torrent y Gandía, adjudicaron a una mercantil que no posee los núcleos zoológicos preceptivos. En Torrent se acaba de renovar el contrato por otro año y en breve se hará en Gandía, como ha adelantado el concejal responsable.
Valencia también siguió este modelo, que impidió acceder al mismo a las entidades protectoras. Solo se presentó una de estas mercantiles, que tampoco cumplía las condiciones exigidas, pero que gracias a la presión de entidades en defensa de los animales, y con los precedentes de Gandía y Torrent (entre otros), tuvo que declararse desierto.
Esa ha sido en los dos últimos años la tónica general, la adjudicación a perreras. Lo más indignante no es que se haya obviado a las protectoras que cumplen con los requisitos, núcleos zoológicos (Gandía) entre otros, para poder realizar la recogida, sino el hecho de que en muchos casos la adjudicación a mercantiles se ha producido pese a ser ilegal por no cumplir los requisitos exigibles en el concurso. Es inexplicable que las administraciones se permitan, y se les permita, incumplir la ley.
Algunos de estos casos están denunciados en el juzgado, pero dada la lentitud de los tribunales, cuando se resuelva, aún siendo el resultado favorable, no lo será para los animales que hayan muerto. Esto recuerda, valga el símil, a los casos de aplicación de pena de muerte que años después se han revisado y el veredicto se ha revocado. El mal está hecho y es irreversible.
En los casos de denuncia debería pararse el proceso de exterminio. Una posible solución sería la aplicación de medidas cautelares en las que los animales no pudieran ser sacrificados hasta que no se resuelva el asunto.
Esta decisión, obviamente, produciría un choque frontal con las perreras, que no admitirían mantener a los animales con vida hasta que hubiera resolución judicial. Una posible solución podría ser que fueran acogidos por una entidad protectora, por orden judicial, y que la compensación económica para su mantenimiento recayera en los que los mantienen con vida y, como es su modo de hacer, les buscan un hogar.
Aparte del tema de las adjudicaciones a mercantiles, desgraciadamente también se da el hecho de la falta de compromiso de las administraciones a la hora de tramitar  los expedientes abiertos en los casos de abandono, que se acumulan en los cajones sin darles curso (con la explicación de que no hay presupuesto, de falta de personal, etc.) y en los casos graves de maltrato animal no se remiten a fiscalías de medio ambiente, como es lo obligado por tratarse de un delito recogido en el Código Penal (art 337 y 337,bis), acabando muchos de ellos archivados.
Esto es algo muy decepcionante para los colectivos defensores de los animales, que se encuentran, además de con la falta de sensibilidad, con la impotencia de sufrir la inactividad de la Administración y se ven con la manos atadas ante semejante oponente.
En resumen: las condiciones de vida de los animales en la Comunidad Valenciana no solo no han mejorado en la mayoría de los casos estudiados, sino que se han traducido en la aplicación de la pena de muerte (donde antes había asociaciones protectoras) a animales inocentes abandonados (que ya tuvieron la desgracia de caer en manos de malnacidos que los dejaron a su suerte) o maltratados (sin remisión del procedimiento a la jurisdicción penal).

La "muerte lenta y con dolorosa agonía" de los animales de la protectora de los horrores de Torremolinos

El juzgado ordenó la semana pasada que la presidenta de Parque Animal de Torremolinos ingrese en prisión: exterminó sin control a miles de animales con el fin de ganar más dinero, pero el grueso de la condena es por falsedad documental. ¿Qué ocurría cuando se apagaban las cámaras en aquella sala? La sentencia declaró probado que Marín y un ayudante inmovilizaban a los animales para pincharles un eutanásico en el abdomen o en el pulmón. Las sedaciones se realizaban al margen de la buena praxis: "¿Todo eso le pones? Si con menos también se mueren".


Carmen Marín, durante el juicio
Esta semana se ha cumplido el plazo para que Carmen Marín ingrese voluntariamente en prisión por exterminar "sin control ni sedación" a miles de perros y gatos, que sufrían en el proceso una"dolorosa y prolongada agonía", según la sentencia que la condenó, luego ratificada. Marín, que durante años presidió la Asociación Parque Animal de Torremolinos (Málaga), es la primera persona que tendrá que entrar en una cárcel española por una condena por maltrato animal. 

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga dictada el 29 de septiembre de este año ratificó lo que ya había declarado probado el Juzgado de lo Penal 14 el pasado 4 de enero. Carmen Marín está condenada a tres años y nueve meses de prisión, 19.800 euros de multa e inhabilitación por tres años para cualquier oficio relacionado con animales, por maltrato animal, falsedad documental e intrusismo.  Felipe Barco, cooperador necesario, está condenado a un año de prisión y una multa de 3.600 euros e inhabilitación especial por tres años. Marín tenía  cinco días para entrar en prisión desde que recibió orden del juez, pero ella ha hecho un último intento de eludir la cárcel alegando un estado de salud precario, según fuentes que conocen el procedimiento.
Con todo, la afirmación de que es la primera condenada que entrará en prisión por maltrato animal es matizable. La condena del juzgado, ratificada en lo sustancial por la Audiencia Provincial, recoge una pena de un año de prisión por el delito de maltrato animal, y de dos años y nueve meses por falsedad en documento oficialEs decir, de la condena a tres años y nueve meses de prisión, sólo un año corresponde al delito de maltrato animal. Sin la comisión del delito de falsedad documental, Carmen Marín posiblemente no hubiese acabado en la cárcel. Marín rellenaba listados de los animales que enviaba a incinerar con firmas y rúbricas de veterinarios que nunca suscribieron esos documentos. "De hecho, hay otro condenado por maltrato e intrusismo profesional, y él probablemente no va a entrar", explica José Luis Marín, abogado de la Protectora de Animales de Málaga, que ha actuado como acusación particular.
"Sabedores del sufrimiento que infligían"

La propia sentencia de primera instancia condenó a la pena más alta posible por maltrato animal, porque Marín presidía una asociación creada precisamente para el cuidado y bienestar de los animales "cuya vida segaban". También tuvo en cuenta el sufrimiento al que se les sometió, la cantidad y continuidad de los sacrificios y el fraude. Sin embargo, el propio juez compartía con el fiscal que, a "pesar de la loable evolución legislativa" "sería deseable" una modificación del Código Penal que incorporara un subtipo agravado del delito de maltrato animal para casos de "extrema gravedad". 
La Ley Orgánica 1/2015 introdujo última revisión del artículo 337 del Código Penal, que recoge el delito de maltrato animal. El artículo 337.3 recoge ahora una pena máxima de 18 meses de prisión si se mata al animal. Seis meses más que el año de prisión de la anterior redacción, vigente cuando se cometieron los hechos en el Parque Animal de Torremolinos. "El tipo delictivo de 2010 incluía ensañamiento en la muerte y eso hubo que probarlo en este procedimiento. En 2013 se eliminó el ensañamiento del tipo, y en 2015 se ha vuelto a modificar y se ha agravado", resume el abogado.
El juicio celebrado entre noviembre y diciembre del año pasado demostró que ella y su colaborador habían establecido un sistema concienzudo para exterminar los perros y gatos que los particulares les llevaban para adopción o que recogían en la calle. Las sentencias no cuantifican las muertes pero cree que fueron "masivas". Sí las cuantificaron Seprona y la Fiscalía: 2.183 animales muertos. La finalidad era dejar sitio libre para nuevos ingresos y así ganar más dinero: por cada nuevo ingreso, la asociación percibía entre 25 y 60 euros: 25 por gato, 60 por cada perro adulto, 45 por cada cachorro. Los posibles delitos de blanqueo de capitales y estafa se investigan en otro procedimiento, cuya fase de instrucción está a punto de terminar.
Parque Animal había sido constituida en 1996 por la propia Marín y tres socios y obtuvo del Ayuntamiento un contrato de gestión de servicios en 2010, aunque ya desde 2002 había suscrito un acuerdo que prorrogaba cada año para capturar y alojar animales vagabundos. Tenía entre sus fines "fomentar el cariño y el respeto por los animales" y "acoger y cuidar" animales abandonados o entregados por particulares. Sin embargo, su presidenta estableció una maquinaria para exterminarlos, lo que ocurrió al menos entre principios de 2008 y octubre de 2010, según las sentencias. Entre esas fechas, los condenados mataron adultos sanos como camadas de cachorros o hembras preñadas.
Está probado que los mataban   "de forma sistemática y regular en el tiempo", varias veces por semana y a primera hora de la mañana,   "sin control veterinario"  (puesto que ninguno lo era) y   "sabedores del sufrimiento que infligían". Antes de hacerlo apagaban las cámaras de seguridad. El peluquero canino pidió poner la música muy alta para no oír los chillidos de los animales.

Productos eutanásicos sin sedación

Algunos pasajes en los hechos probados de aquella sentencia (confirmados íntegramente en la de apelación) muestran la particular crueldad con la que se desenvolvieron los condenados. "Carmen Marín inyectaba al animal sin previa sedación y por vía intramuscular, distinta de la vía endovenosa o intracardiaca prescrita, los productos eutanásicos T-61 y, sobre todo, Dolethal, mientras que Felipe Barco sujetaba al animal, si era preciso inmovilizándolo con su rodilla o empleando un lazo, para que aquélla pudiera pincharle en el abdomen, en el pulmón, en el lomo o donde tuviera por conveniente", se lee en la resolución.
[OBJECT] Para ejecutar este sistema, Carmen Marín adquirió 111 envases de producto eutanásico (más de 5 litros y medio) en 2008, 104 en 2009 y 66 en 2010. Un total de 281 botes en dos años, mientras que un veterinario declaró en el juicio que aplicando el Dolethal en dosis correctas, un bote dura dos o tres meses, necesitando de cuatro a seis al año.
Más adelante se describe el sufrimiento de los animales: "La acusada Carmen Marín suministraba menor dosis del medicamento de la que está indicada para producir una muerte indolora, lo que, unido al empleo de una vía inadecuada que producía una absorción por el organismo más lenta del eutanásico que no llegaba directamente al torrente sanguíneo, provocaba al animal, generalmente, una muerte lenta y con dolorosa y prolongada agonía (…) todo lo cual era perceptible por los acusados debido a la vocalización de dicho sufrimiento con alaridos, aullidos o maullidos, así como por pataleos y convulsiones y contracciones musculares y por orinación, entre otros signos".
Una secretaria de Parque Animal declaró que Carmen Marín le dijo el primer día que Parque Animal era un negocio: "Nunca puedes decir que no hay sitio para residencia, nunca puedes decir que no hay sitio para entrada de animales". A esta fecha ya se ha cumplido el plazo para que Marín entre en la cárcel.

"¿Todo eso le pones? Si con menos también se mueren"

Algunos testimonios recabados durante el juicio son especialmente explícitos. En la sala se pudo ver el vídeo grabado por el veterinario Rafael Osorio, que consiguió entrar en las dependencias que los condenados mantenían vedadas al resto de trabajadores. En ese vídeo se ve cómo este testigo destapa algunas cajas, donde hay gatos muertos o agonizando. También se ve un bote de Dolethal con una aguja clavada y se escuchan los aullidos de los perros.
Carmen Marín negó los hechos, pero según la sentencia de primera instancia, la práctica de la prueba es "concluyente, categórica, abrumadora y demuestra "los sacrificios plurales, generalizados y sistemáticos de perros y gatos". Estos son algunos de los ocho testimonios directos que transcribe la sentencia del juzgado de lo penal número 14 de Málaga:
  • "El testigo vio a Carmen Marín en la misma zona de cuarentena inyectar Dolethal de un bote que sujetaba a una camada de gatitos y a medida que les iba inyectando el eutanásico los metía en una caja".
  • "Explicó en el juicio que ella decía por megafonía que no se podía entrar al patio una o dos veces a la semana, pero en una de esas veces él necesitó algo de Felipe Barco y entró a través de una puerta que se comunicaba con el quirófano y vio a seis, siete u ocho animales en el suelo agonizando, como Felipe Barco inmovilizaba a uno (un perro) con un lazo, y mientras Carmen Marín le inyectaba T61 en el pulmón".
  • "Al finalizar sus vacaciones el cliente fue a recoger a los gatos y el veterinario Augusto Rafael no los encontró, y después de preguntar a la secretaria Rosa y a Felipe por los gatos éste le manifestó ¡Adiós, creo que Carmen se los ha cargado!” y Carmen le pidió al veterinario que hablara con los propietarios y se inventara que se habían muerto de una enfermedad a lo que éste se negó".
  • "En otra ocasión concreta se encontraba practicando una eutanasia a unos gatitos que tenían una enfermedad infecciosa y mientras cargaba el eutanásico en la jeringuilla le dijo Carmen "¿Todo eso le pones? Si con menos también se mueren".
  • "La primera vez que los sorprendió al llegar él a su puesto de trabajo a las nueve de la mañana ella escondió el tarro de Dolethal. Añadió que las "matanzas" solían hacerlas temprano, que él llegó a presenciarlas porque cuando se incorporaba a su jornada laboral, en ocasiones, a Carmen y a Felipe "les pillaba el toro", refiriéndose a que aún no habían terminado la "matanza"" (…) En una matanza llegó a contar hasta veinte perros muertos".
  • "La pared no estaba terminada por abajo y se escuchaba perfectamente lo que hacían al otro lado, y que pudo escuchar el "alarido terrible" de un perro y como Carmen le pedía a Felipe que lo sujetara. También contó que en una ocasión una familia entregó en el centro una camada de gatitos y al día siguiente fueron a verlos y llevarles comida y ya no estaban, le preguntó a Felipe por los gatitos y éste le dijo a ella "cales otros que se parezcan"".

miércoles, 22 de noviembre de 2017

El documental 'MATADERO', la mayor y más brutal investigación realizada en mataderos

'MATADERO. Lo que la industria cárnica esconde' es un documental realizado por el activista y fotógrafo que lleva a cabo Tras los Muros, el proyecto donde denuncia y documenta de forma gráfica la sistemática explotación y abuso de los animales
El fotógrafo ha documentado de forma encubierta 58 mataderos ubicados en 10 estados de México, presentando la mayor investigación gráfica sobre mataderos del mundo
Esta investigación supone una muestra más de las atrocidades que se cometen contra los animales. El investigador denuncia que en el matadero son sometidos a un auténtico tormento que la industria cárnica oculta deliberadamente
'MATADERO' puede verse online

'MATADERO´, el documental de Tras los Muros
El activista y fotógrafo por la liberación animal que trabaja tras el proyecto llamado 'Tras los Muros' publica la mayor investigación realizada hasta la fecha en mataderos del mundo: un impactante documental, un exhaustivo  informe y una reveladora serie de fotografías. Preservando su anonimato para poder infiltrarse en esos lugares de explotación, tortura, agonía y muerte, registró lo que sucede en 58 mataderos de México, país que se encuentra entre los diez mayores productores de carne en el planeta. Nunca antes ha visto la luz algo parecido. Y lo que ahora saca ahora ni siquiera es lo peor: "Dispongo de imágenes aún más bestias", asegura.
Los cerdos son conducidos hasta la zona de sacrificio a gritos, golpes y choques eléctricos. Ocoyoacac (Estado de México), 2016. TRAS LOS MUROS
Un operario golpea a varios cerdos con un garrote para dejarlos inmóviles y facilitar la tarea de degüello. Arriaga (Chiapas), 2017 TRAS LOS MUROS
Entre 2015 y 2017 Tras los Muros documentó la matanza de vacas, cabras, pollos, cerdos y caballos, así como el transporte de animales desde las granjas a los mataderos. Registró una violencia extrema que padecen los animales y que la industria cárnica mantiene oculta. Es consciente de que el impacto de las imágenes pone en riesgo los beneficios de un negocio que los explotadores han blindado: en Estados Unidos, por ejemplo, han conseguido que se prohíba por ley el acceso con cámaras a sus instalaciones.
Aturdimiento con perno cautivo. Zapopán (Jalisco), 2015 TRAS LOS MUROS
Cuando se clava un cuchillo en la médula espinal, con el fin de facilitar el manejo de las vacas, los animales quedan inmóviles pero siguen conscientes. La Barca (Jalisco), 2016 TRAS LOS MUROS

Escenas como esta son habituales en cualquier matadero. Izúcar de Matamoros (Puebla), 2017 TRAS LOS MUROS
México solo es un lugar donde Tras los Muros encontró las condiciones para poder infiltrarse con más facilidad, si puede decirse así del peligro que corrió y asumió este activista. Pero su denuncia ("de la propia explotación y utilización de los animales en sí misma") no se circunscribe a lo que sucede en México sino que se extiende a todos los países, donde un sufrimiento similar es cotidiano. Si bien la normativa, las técnicas o las instalaciones pueden cambiar de un país a otro, el terror que experimentan los animales es el mismo: "En estos lugares se ejerce una de las mayores y más sistematizadas formas de violencia contra los animales".
Los caballos que llegan lisiados y no pueden acceder por sí mismos al cajón de aturdimiento, son arrastrados por una cadena sujeta a su cuello. Arriaga (Chiapas), 2017 TRAS LOS MUROS
Electrocución de caballos. Arriaga (Chiapas), 2017 TRAS LOS MUROS
Tras los Muros advierte de que para comprender la denuncia que contiene su investigación hay que tener claro que las leyes de bienestar animal son incompatibles con los derechos de los animales: "Quienes defienden un trato humanitario con los animales en los mataderos suelen hacer hincapié en la necesidad de aturdimiento previo a su matanza y en el método que debe utilizarse; obvian que los animales sufren en todo el proceso, desde que son recibidos a golpes y choques eléctricos hasta que son degollados. No existe un matadero donde los animales no sufran".


Los pollos vivos son colgados por las patas en los ganchos de la línea de procesado de una planta semiautomatizada. Chapala (Jalisco), 2016 TRAS LOS MUROS
Los conos de matanza se utilizan en los matadores donde no disponen de una línea de procesado. Oaxaca, 2017 TRAS LOS MUROS
"Alrededor de 16 millones de animales mueren cada año en México debido a las duras condiciones del transporte. Que la administración y la industria asuman con total normalidad este hecho ayuda hacerse una idea del valor que tienen para ellos sus vidas. Durante el transporte de animales al matadero así como tras su llegada a estos, los animales han sido pateados, apaleados, lanzados al suelo o pisoteados. La violencia, incluso aquella que es innecesaria para la producción, es inherente al proceso. Está normalizada. Ante esto, la ley no tiene utilidad alguna".
Módulo previo a la zona de sacrificio. Atizapán (Estado de México), 2016 TRAS LOS MUROS
Tras los Muros ha documentado las diferentes herramientas o métodos de aturdimiento e inmovilización que se utilizan en los mataderos de México, dependiendo del tipo de animal al que se vaya a matar y muchas veces incumpliendo de manera notable la normativa, y aunque "ninguno de estos métodos evita completamente el sufrimiento de los animales cuando son degollados". Los animales son inmovilizados a golpes de garrote o de hacha. Con descargas eléctricas. Con un disparo en el cráneo de pólvora o aire comprimido, llamado perno cautivo. A cuchilladas en la médula espinal, como 'la puntilla' en las corridas de toros.
En este matadero se matan aproximadamente 300 cerdos al día. Matadero Sandi en Oaxaca, 2017 TRAS LOS MUROS
El sacrificio debería ser el fin de un largo sufrimiento de los animales, pero su agonía no acaba ahí: "Los animales no mueren siempre de forma inmediata cuando son degollados. A las vacas, por ejemplo, tras el sacrificio las cortan las patas, las desollan y las extraen las vísceras y el tracto digestivo. En algunos mataderos son desmembradas y desolladas aún con vida".
Lo que documenta Tras los Muros sucede en mataderos de todo el mundo, incluso donde la normativa de bienestar animal es más estricta. De ello dan testimonio los propios trabajadores de las explotaciones y mataderos, así como las investigaciones de activistas infiltrados y hasta informes de la propia industria. Así se ha demostrado en países como Estados Unidos, Bélgica, Gran Bretaña, Australia o España.
Puedes ver el documental completo:


Fuente: eldiario.es/

martes, 25 de abril de 2017

Condenada a cuatro años la dueña de una protectora por el sacrificio "indiscriminado" de perros y gatos

La presidenta de Parque Animal, de Torremolinos (Málaga), ha sido condenada por los delitos continuados de maltrato animal, falsedad e intrusismo profesional


El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha condenado a la que era presidenta de Parque Animal de la localidad malagueña de Torremolinos a la pena de tres años y nueve meses de prisión y multa de 19.800 euros por los delitos continuados de maltrato animal, falsedad e intrusismo profesional, por el sacrificio "masivo" e "indiscriminado" de perros y gatos.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que la acusada era quien "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos" con la colaboración de un trabajador, que también ha sido condenado por maltrato e intrusismo profesional a un año de cárcel y multa; realizando los sacrificios desde principios de 2008 y al menos hasta octubre de 2010. Así, en la resolución, que se puede recurrir ante la Audiencia, se indica, tal y como mantenían las acusaciones, que los sacrificios se realizaban "sin control alguno veterinario", inyectando la acusada "sin previa sedación y por vía intramuscular, los productos eutanásicos" y suministrándoles "menor dosis del medicamento de la que está indicada para producir una muerte indolora".
Esto, unido al empleo de una vía "inadecuada", daba generalmente "una muerte lenta y con dolorosa y prolongada agonía", provocando, dice el juez, "unos padecimientos totalmente injustificados antes de morir". "Los sacrificios no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud del animal o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados", señala la sentencia.

La resolución señala que aunque "indeterminado", el número de perros y gatos sacrificados en dicho periodo por el procedimiento descrito "ha sido masivo" y tenían una finalidad "lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir nuevos, cobrando una aportación" por cada animal del que se hacían cargo.
No considera probado que la acusada firmara recetas a nombre de los veterinarios ni tampoco certificados de eutanasia ni que los expidiese de su puño y letra; pero sí que "presentaba unos listados de animales, junto con la factura por su incineración" para que el Ayuntamiento las abonara, listados que "manipuló" para incluir la intervención de veterinarios "que nunca la habían tenido".
Según la sentencia, los acusados realizaban estos sacrificios "de forma sistemática y regular en el tiempo, en ocasiones hasta varias veces a la semana, incrementándose en los meses estivales". Generalmente, se indica, "comenzaban a primera hora de la mañana, antes de que los empleados de Parque Animal comenzasen su jornada, permaneciendo apagadas durante dicho tiempo las cámaras de seguridad de las instalaciones".
El magistrado le impone a los acusados el máximo legal permitido por el delito de maltrato animal, "en atención a que eran responsables del bienestar de los animales cuya vida segaban", apuntando que de hecho la mujer era la presidenta de una protectora de animales "a la que debía suponerse una finalidad de cuidado y atención a los perros y gatos que accedían a Parque Animal, en cuyas instalaciones fueron ejecutados los hechos".
Asimismo, también le impone dicha pena "en atención al sufrimiento a que se les sometían antes de morir, al masivo número de animales que sacrificaron, a la defraudada confianza de todos los socios y particulares que entregaron animales en Parque Animal creyendo que se les buscaría un hogar" y a la continuidad delictiva.
El juzgador dice que, a pesar de la evolución legislativa producida en las dos últimas décadas para garantizar la protección de los animales, comparte la alegación del fiscal "de que sería deseable la tramitación de un proyecto de ley para modificar el Código Penal en orden a incorporar un subtipo agravado del delito de maltrato animal que contemplase una elevación de la pena en uno o dos grados cuando los hechos revistieren extrema gravedad".
También, añade en la sentencia, cuando los hechos ocurrieran "en centros o establecimientos dedicados a la protección y defensa de los animales". Esta modificación "permitiría dar una respuesta punitiva más proporcionada a casos similares al ahora enjuiciado".
En cuanto a la multa, a la acusada se le impone una cuota de 30 euros diaria debido a que tiene un patrimonio inmobiliario declarado por ella, entre el que se cuentan dos edificios en propiedad que le dejó su marido, uno con 21 pisos y tres locales, y otro de once pisos.